En México existe una institución cuyo lema es: “Lo que se mide se puede mejorar”, es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); su Secretario Ejecutivo, Gonzalo Hernádez Licona, fue galardonado con un premio denominado: GPSA, Award for Lenderships in Social Accountability, patrocinado nada más y nada menos que por el Banco Mundial, en Washington, D.C., por ser México, bajo su dirección, “el primer país del mundo que cuenta con un método oficial de medición de la pobreza multidimensional que refleja las múltiples privaciones que se padecen en los hogares mexicanos”, leyéndolo así, encontramos que, el eufemismo con el que se dice, intenta esconder la grotesca, injusta y desigual situación por la que atravesamos los mexicanos; y necesariamente tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿de qué nos sirve a los mexicanos que a los secretarios de Hacienda, del Banco de México, del CONEVAL o de cualquier otra Secretaría les den premios en Estados Unidos, si aquí la brecha entre pobres y ricos es cada vez más profunda?.
De todos es sabido que la pobreza, medida por CONEVAL, alcanzaba para 2014: 55.3 millones, más 11 millones en extrema pobreza, anunciando recientemente que ya podemos sumar 2 millones más de mexicanos en la pobreza; igualmente se señala por ésta Institución medidora que, se ha aplicado reducción presupuestal a programas salud, educación, vivienda y a pesar de que son millones de personas que no pueden adquirir la canasta básica, el salario mínimo aumentó entre 2013 y 2017, de $ 63.07 a $ 80.04, tuvieron que pasar cinco años para que el salario mínimo alcanzara esa ridícula e insuficiente cantidad por un día de trabajo.
Ante ésta información, que es oficial, sale Enrique Peña Nieto Presidente de México, a decir en un evento militar que: lo que padecemos es una… ¡crisis mental!, en tanto, en el Estado de México, del que fuera Gobernador y que ha estado por años en manos del grupo priísta Atlacomulco, se derrocha dinero a manos llenas en un afán desquiciado de no perder la gubernatura de ese Estado, uno de lo más grandes del País, en éstas próximas elecciones de 2017 y con miras a las elecciones presidenciales de se llevarán a cabo en 2018.
Las Instituciones, reguladora de los procesos electorales, tanto a nivel Federal como Estatales, han sido quienes más favorecidas se han visto en sus presupuestos, de ahí que en el Estado de México, el Instituto Electoral haya establecido un tope de gastos de campaña de más de 285 millones de pesos, que por supuesto serán superados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cosa que a nadie extraña y que es algo que ocurre en todos los Partidos, con sus honrosas excepciones, ‑muy escasas por cierto- y sin que a nadie se lleve a juicio, solo se aplican multas, pero como dijeran en el rancho: “los cueros salen de la misma correa”, esto es, de los bolsillos de los ciudadanos mexicanos pobres y en extrema pobreza.
Y dan inicio las negociaciones, alianzas y deserciones entre los Partidos; sin ningún sentido de convicción, ni de patriotismo menos de honestidad, salen en bandada militantes de un Partido a otro, según vean el posicionamiento, y aquellos que eran enemigos políticos, se convierten ipso facto, en recalcitrantes militantes de, su “nuevo” Partido y muy amigos de sus nuevos correligionarios partidistas.
La gran inconformidad y desconfianza existente entre los ciudadanos votantes radica, en dos cosas fundamentales; primero, en el enorme derroche de recursos públicos que se hacen en las campañas electorales, en los que se pervierte y corrompe al ciudadano al comprar su voto quien lo vende por necesidad e ignorancia; y, segundo, por las llamadas “alianzas”, que en los últimos años se han venido dando sin ningún pudor entre Partidos, cuyos preceptos, objetivos, intereses, son diametralmente opuestos, en aras de no perder su registro y, ante esto, el Instituto Federal Electoral (INE), nada hace, solo derrochando millones de pesos y permitiendo que se avienten migajas en tiempos electorales, a los millones de pobres mexicanos.
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