En cualquier país del mundo, las cárceles, son los centros de reclusión en los que toda persona que viola la ley es recluida con el propósito de ser rehabilitada y reintegrada a la sociedad con una nueva mentalidad y preparación que lo reinserte con una actitud y disposición de servicio tanto, en su pequeño círculo familiar, de amistades, como de la sociedad en general.
A través de los años, las autoridades mexicanas nos han hablado del mejoramiento del sistema penitenciario e iniciaron cambiándole de nombre a éstas instituciones; primero eran cárceles, después las rebautizaron y les llamaron eufemísticamente a los penales estatales, Institutos de Readaptación, posteriormente se les denominó, Centros de Rehabilitación; en la actualidad existen 17 Centros Federales de Readaptación en la República Mexicana, destinados a reos de alta peligrosidad, que con la normatividad y reglamentación imperante, contradice el nombre mismo.
La sociedad, poco interés muestra por éste sector y, desconoce a ciencia cierta lo que ocurre en estas “instituciones de Readaptación y/o Rehabilitación”, lo más que de ellas se conoce por vox populi, es que prevalece en su interior la corrupción, la injusticia, la tortura, la homosexualidad, el contrabando de cualquier tipo de enervante y que es un gran negocio de funcionarios, coludidos con empresarios.
Ante el cúmulo de problemas que los ciudadanos enfrentan, derivados del autoritarismo de los malos gobiernos que se han padecido de décadas atrás, la solidaridad y apoyo es algo que se manifiesta, entre aquellas organizaciones que son agredidos y reprimidos, ejemplo claro es el caso de los Padres con hijos desaparecidos, que suman miles; el de los electricistas, que fueron despojados de sus centros laborales; de los mineros, que han perdido su vida en las profundas minas, extrayendo metales para enriquecer a extranjeros y prestanombres mexicanos; al sector campesino, agricultores, ganaderos, a quienes despojan de sus tierras mediante bajísimos precios de sus productos, destinándolos a la miseria y, dónde mediante “programas de apoyo”, han instaurado todo un sistema de corrupción; lo mismo ocurre en el sector académico de las universidades públicas entre maestros, estudiantes y empleados administrativos y los pescadores, ahí estamos prestos a integrarnos en marchas, manifestaciones , declaraciones, plantones a defendernos en la medida en que se pueda.
Cosa tal no ocurre en relación con los internos de esos Centros de Readaptación, quienes, siendo producto de ésta misma sociedad, mercantilista, corrupta y autoritaria, seguimos los lineamientos denotativos que nos marcan las autoridades para considerarlos, en tanto delincuentes que infringieron la ley, y señalados como lo más nefasto, para ellos no hay ni solidaridad, ni apoyos de ninguna naturaleza, y el trato que se les da es peor que el que se le daría a un animal.
Para cada delito que se comete, existe una condena y se fija mediante una sentencia que dictamina un Juez; según las mismas leyes que tipifican las sentencias, igualmente señalan los tiempos en que se deben de dictaminar; se habla de un trato justo como seres humanos, sin consideraciones ni privilegios, y una capacitación y atención psicológica que los lleve a reconsiderar su negativo actuar y a rectificar los errores cometidos; nada de esto ocurre en estas instituciones, en el que el hacinamiento y los malos tratos es lo que prevalece.
Existen internos a los que, del o los delitos que motivaron su detención les fue comprobado y los mantienen recluidos por años, sin dictarles sentencia, pagando por algo que no cometieron; a quienes habiendo los elementos comprobatorios de delito, igualmente duran años para dictarles sentencia, y las sentencias que se les imponen desde 30, 50, 100, o 200 años resultan incomprensibles, toda vez que si el propósito de estos centros y las autoridades es rehabilitarlos, no sería necesario tal cantidad de años pues, con tratamientos psicológicos permanentes, con un alto sentido de profesionalismo y por un período considerable según el caso, una debida capacitación y terapia ocupacional, se le podría dar un giro total a lo que hoy son esos repudiados centros, que han sido calificados como verdaderas universidades del crimen.
A las familias de los reos, les dan un trato tan indigno que, acepando sin conceder que pueden ser introductores de droga y otros objetos prohibidos, no se justifica que, con morbosidad insultante, humillen, desnuden, manoseen, extorsiones, chantajeen, a quienes acuden a visitar a sus familiares ahí recluidos, habiendo aparatos que pueden detectar cualquier cosa, como en los aeropuertos y algunas Instituciones de gobierno, sin tener que poner una mano sobre las visitas a esos centros, que en su mayoría son mujeres acompañadas de sus hijos menores, recibiendo con esto un doble castigo.
Alimentos pútridos, maltrato físico, psicológico, moral, condiciones infrahumanas, que ni los miembros de las Comisiones de Derechos Humanos parecen ver, quedan plasmadas en lo dicho por un reo condenado a más de 40 años, por delitos contra la salud: “Los centros federales son un negocio más de los políticos y burgueses, que se enriquecen a costa del interno, actualmente solo se habla de aumento de penas a perpetuidad, aplicando una venganza social a la pobreza del sentenciado; los verdaderos criminales están en puestos públicos institucionales y nosotros aquí perdiendo por las torturas, piernas, brazos, visión, audición y la esperanza de una rehabilitación hasta hoy inexistente, enfrentando una pena de muerte, lenta…muy lenta”.
