El asunto llegaría a tal extremo que en la consignación se contienen fotografías de cada uno de los acusados tomadas en las instalaciones de la SEIDO (y no en el Zócalo, durante los enfrentamientos), mismas que fueron mostradas a los granaderos que participaron en los hechos. Es decir, fueron los policías quienes aseguraron que todos los detenidos habían participado “en las agresiones y ataques a Palacio Nacional y al grupo de seguridad que custodiaba las instalaciones”, el pasado 20 de noviembre.
Según este texto, los mismos funcionarios confirmaron que en los expedientes se asienta, textualmente, que estas 11 personas pertenecen a “un grupo colectivo subversivo”, como prueba el hecho de que “entre ellos se decían compas”.
Además, los abogados defensores de los 11 inculpado tuvieron finalmente acceso a estos expedientes, pero sólo de forma parcial y sin que se les entregaran copias certificada.
Peor aún, según los abogados de las víctimas, policías federales señalan haber detenido a los jóvenes, cuando fueron los policías del Gobierno de esta Ciudad quienes los detuvieron.
En este reportaje se señala también que: “La [parte] defensora mencionó que en la acusación de asociación delictuosa, la PGR recurre a “un informe de 2011 de inteligencia, que habla sobre la existencia de grupos anarquistas en el país que están contra el capitalismo y la nanotecnología”. Y que “[e]n el caso, por ejemplo de Hillary Analí González Olguín “aportan como pruebas: fotografías de su celular de marchas en la Ciudad de México y que durante la manifestación las personas gritaban consignas contra el Presidente Enrique Peña Nieto”, según lo dicho por Jesús González Alcántara, integrante del el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Para agravar la situación, se ha señalado que durante el traslado de los jóvenes a la SEIDO y de la SEIDO a Veracruz, fueron además víctimas de tortura.
Señores y señoras legisladoras:
Frente a lo que de por sí es ya una crisis nacional e internacional, estamos ante un nuevo hecho que puede constituir una gravísima violación a las garantías básicas de once jóvenes a los que podría auténticamente arruinárseles la vida.
Por ello, desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pedimos al Gobierno Federal hacer una cuidadosa y transparente revisión de cada caso, con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las instancias internacionales interesadas y de las organizaciones de defensoras de derechos humanos. La sociedad mexicana, ahora más que nunca, demanda que todos los niveles y órganos de gobierno estemos a la altura de las delicadas circunstancias que vivimos.
